Cada año, el Caribe se ve frecuentemente amenazado por tormentas mortales y otros peligros como inundaciones y terremotos. A pesar de ello, sigue habiendo lagunas en el marco jurídico y político relativo a la facilitación y regulación de la ayuda internacional en caso de desastre en el Caribe.
El Sr. Ariel Kestens, Jefe de la Delegación de la FICR para el Caribe neerlandés y anglófono, declaró: "Si bien la escala y la frecuencia de los grandes desastres que afectan a nuestra región han aumentado considerablemente, los marcos jurídicos y políticos que regulan nuestra capacidad de respuesta a los desastres han permanecido prácticamente inalterados."
La FICR, en colaboración con la Agencia Caribeña para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), creó el Grupo de Trabajo Regional sobre Derecho Internacional de Respuesta a Desastres (IDRL) para que impulsara el cambio legislativo y político en el ámbito de la ayuda humanitaria internacional.
La Directora Ejecutiva de CDEMA, Sra. Elizabeth Riley, afirma que disponer de la legislación y las disposiciones reglamentarias necesarias es fundamental para satisfacer eficazmente las necesidades humanitarias tras un desastre.
En su calidad de subcomité del Comité Técnico Consultivo de CDEMA, el Grupo de Trabajo aportará perspectivas, ideas y recomendaciones específicas del Caribe para mejorar el marco normativo regional para la facilitación y coordinación del socorro internacional en caso de desastre en el contexto de la gestión integral de desastres.
El grupo de trabajo está formado por las Organizaciones Nacionales de Desastres de Guyana, Dominica y San Vicente y las Granadinas; las Sociedades Nacionales de Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas); la Agencia de Implementación del CARICOM para el Crimen y la Seguridad; el Consejo de Aplicación de la Ley de Aduanas del Caribe; la Asociación de Gestores Portuarios del Caribe; CDEMA; y la FICR.
El Grupo de Trabajo Regional IDRL emprenderá iniciativas de abogacía y elaborará recomendaciones que contribuyan a reforzar el compromiso multisectorial en la facilitación de la respuesta internacional ante desastres; integrar y coordinar a los actores humanitarios, incluidas las organizaciones multinacionales y los donantes de la diáspora, en la coordinación logística de emergencia; y establecer y hacer cumplir las normas aplicables a las donaciones de ayuda, como alimentos y medicinas, entre otras iniciativas.