"Tenemos una importante responsabilidad de proteger a nuestros semejantes y el derecho relativo a los desastres es una herramienta esencial para construir una mayor resiliencia frente a las amenazas que enfrentamos en la región de las Américas” aseguro el Lic. Rogerio Conde García, de Protección Civil de México, en la apertura de la Reunión Consultiva sobre el Derecho y los Desastres, que ha tenido lugar en el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CENCAD) de la Cruz Roja Mexicana, en la ciudad de Toluca, los días 13 y 14 de noviembre.
La Reunión Consultiva, co-organizada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de México, ha congregado a más de 20 países de la región de las Américas, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, Organismos Internacionales, donantes y expertos en materia de leyes, asistencia humanitaria internacional y reducción del riesgo de desastre.
El objetivo principal de esta cita ha sido explorar, debatir y consultar medidas para promover una más rápida adopción de procedimientos para gestionar la asistencia internacional en casos de desastre, incluyendo la opción de un nuevo tratado global.
Para Jan Gelfand, Jefe de Operaciones y Programas de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en América, se trató de una reflexión “de carácter técnico pero con una finalidad política”
Durante un día y medio de reflexiones se evidenció que siguen existiendo importantes vacíos en materia de preparación legal, que no facilitan la respuesta internacional en caso de desastre en la región. “A pesar de los notables avances nacionales y regionales, todavía persiste una excesiva burocracia y/o una notable ausencia de normas internas, que siguen alimentando cuellos de botella en la respuesta internacional. Estas debilidades tienen un efecto directo en la provisión de la asistencia internacional, en la labores de coordinación entre los múltiples actores y evidentemente, repercuten en los derechos y en la eficiente protección de las comunidades afectadas por los desastres”, señaló David Fisher, Coordinador Global del Programa de sobre Derecho relativo a los Desastres de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
La preparación legal para hacer frente a un desastre de gran magnitud y facilitar el apoyo internacional es un ejercicio que está bajo la responsabilidad de los Estados. Para Eduardo Valencia-Ospina, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para la protección de personas en caso de desastres y ex Secretario de la Corte Internacional de Justicia, es necesario entender que “las realidades jurídicas nacionales son muy heterogéneas, tanto desde su base constitucional como en su cuerpo legislativo, sin olvidar las coyunturas políticas que pueden favorecer o limitar avances en esta materia. Por ello, el desarrollo de un Tratado favorecería la homogenización y daría garantías en materia de derechos en el marco de dicha asistencia. En todo caso, estamos promoviendo un marco que regule y canalice la solidaridad entre Estados afectados por los efectos de los desastres, sin perder de vista la perspectiva de derechos que esto lleva implícito”. En este sentido, la reunión evidenció que un tratado global sería un gran valor añadido y un punto esencial en el dialogo global en la próxima Conferencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja a celebrarse en 2015 y en el World Humanitarian Summit de 2016.
Por otro lado, la Reunión Consultiva de Toluca sirvió también para socializar el proyecto de “Lista de verificación sobre Derecho y Reducción de Riesgos de Desastre.” Esta herramienta ha sido elaborada por la Federación Internacional y el PNUD y tiene por objeto ofrecer a los legisladores y funcionarios públicos de los niveles nacionales, provinciales y municipales un conjunto de elementos que favorezcan la construcción de marcos legales en materia de reducción de riesgo de desastres. Según Fernando Cárdenas, Presidente de la Cruz Roja Colombiana, esta herramienta “nos permite no olvidar todo aquello que debe estar presente en un buen marco normativo en materia de reducción de riesgos”. Para Bernardo Castro, Jefe de Gabinete de la Oficina Nacional de Emergencias de Chile (ONEMI) este instrumento “resultará muy útil a los niveles nacionales y ayudará a mejorar el conocimiento para producir mejores leyes en esta materia”.
Aspectos esenciales como el desarrollo de marco jurídicos holísticos, la elaboración de memorias económicas y presupuestos que acompañen estos desarrollos, la búsqueda de un carácter intersectorial e interinstitucional de las normativas, la promoción de la educación en materia de reducción del riesgo y la participación de las comunidades en un proceso más inclusivo, son elementos, entre muchos otros, que no deberían ser perdidos de vista en el desarrollo de las políticas legislativas y de reducción del riesgo de desastre, en el marco del escenario de Post Hyogo y de la Conferencia de Sendai en 2015.
América quiere y debe ser una parte activa de este dialogo global.