Luego del mega desastre causado por el terremoto de Haití el 12 de Enero de 2010, las agencias gubernamentales y las organizaciones humanitarias y de desarrollo que buscaban ofrecer programas de refugio de emergencia y viviendas para las 1.5 millones de personas damnificadas, se toparon con numerosas y complejas cuestiones relativas a conflictos de propiedad y tenencia de la tierra. Estos surgieron tanto dentro de las comunidades afectadas, como entre estas y los dueños autoproclamados y arrendatarios de las parcelas de terreno en los que se construirían los campamentos de emergencia, refugios de transición y viviendas permanentes.
Estos retos surgieron no solamente durante el trabajo relacionado con la extensa red de disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias relevantes de Haití a nivel nacional, regional y local, sino también de brechas importantes en la implementación y exigencia de reglas clave. Los respondedores se enfrentaron a una carga adicional debido a la prevalencia de complicados y costosos procedimientos legales para la aplicación del sistema legal formal y escrito, y la preferencia de la mayoría de la población, particularmente en áreas rurales, de soluciones informales, ancestrales, no escritas, de costumbre, en las que se basa ampliamente la cultura y la religión tradicional vudú.
Incluso, mientras Haití continúa trabajando en la recuperación a largo plazo de los efectos del terremoto, es claro que el país sigue estando expuesto a muchos peligros futuros, particularmente a la temporada anual de tormentas. A fin de reducir la ocurrencia de este tipo de problemas en futuros desastres, y con el apoyo de la Cruz Roja Haitiana y la Dirección Haitiana de Protección Civil, la FICR ha desarrollado un análisis de las leyes, reglamentos y procedimientos relevantes, que podría influenciar las futuras programas de refugio.
El estudio identificó un determinado número de buenas prácticas, que incluyen:
- Por parte de las autoridades públicas: la preparación por parte de la Oficina Nacional de Catastro (“ONACA”) de un borrador de ley que aclara los derechos de registro y titulación; la preparación por parte del Comité Interministerial para la Planificación del Territorio (“CIAT”) de una estrategia para la posesión de la tierra y la reforma de la planificación; la preparación de planes de contingencia (nacional, departamental y municipal) para atender cuestiones de asistencia de refugio; el uso de guías cortas para la construcción y reparación de edificios pequeños; la adopción en 2012 de una ley que presenta un código nacional de construcción, estableciendo normas de construcción para la resistencia sísmica, contra los vientos e inundaciones; la adopción de una legislación anticorrupción en 2014; y la adopción de la ley de integración de personas con discapacidad en 2012, la cual puede reducir prácticas excluyentes.
- Por parte de las agencias de refugio y otros agentes humanitarios: Desarrollo de una documentación de formas estándar, simple, para asistir la construcción de refugios; técnicas comunitarias participativas para el establecimiento de derechos de uso; esfuerzos por parte del sistema de clúster que cerró brechas existentes en la capacidad gubernamental y coordinó a los agentes de refugio; un examen diligente de los beneficiarios, resolución de disputas simples para prevenir o superar prácticas corruptas; prioridad otorgada por parte de cierto número de agentes de refugio a los más vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad.
También identificó cierto número de barreras regulatorias para la asistencia de refugio constantes, incluidas cuestiones en torno a la vivienda, los derechos de tierra y propiedad, el hecho que la mayoría de los derechos existen únicamente en la esfera informal de la costumbre, la falta de un procedimiento eficaz que permita lidiar con la requisición temporal de la tierra, la carencia de mecanismos eficaces de resolución de disputas, la carencia de un sistema transparente y eficaz de registro de títulos, una débil implementación de disposiciones protectoras contra evicciones forzadas, falta de establecimiento de mecanismos de coordinación como los propuestos por el plan nacional de gestión de riesgo y desastre, y el Plan nacional de respuesta a emergencias; y las demoras en la importación de materiales para la construcción de refugios debido a procedimientos complicados o carentes de transparencia.
El informe propone cierto número de recomendaciones a corto plazo para que sean integradas a un borrador revisado del plan nacional de intervención. Éstas se refieren a: uso incrementado del mapeo comunitario de las necesidades y soluciones; directrices que prohíban niveles desproporcionadamente altos de recursos aplicados a las diferentes categorías de tipos de tenencia; directrices para un procedimiento rápido de resolución de disputas; delegación de autoridad a tribunales temporales para la gestión de disputas relativas a terrenos; autorización de uso temporal de terrenos no ocupados para la construcción de refugios de emergencia; integración de sitios seguros para la construcción de refugios temporales en los planes de gestión de riesgo y contingencia; aplicación de normas de construcción de albergues en entornos pos desastre. También establece cierto número de recomendaciones a largo plazo relacionadas con cambios más amplios en los procedimientos de catastro y otros.
El resumen del informe está disponibile aquí.